FGR denunciará a juez por caso “Estafa Maestra”

La FGR informó que denunciará e investigará al juez de Distrito Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por exonerar a Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de la Oficina de la Sedesol y Sedatu cuando su titular era Rosario Robles, y quien fue ligado a la llamada “Estafa Maestra”.

El pasado miércoles, dicho juzgador exoneró de cualquier responsabilidad penal a Ramón Sosamontes, quien fue acusado de firmar contratos de manera ilegal, en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), como parte del supuesto desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, sobre el actuar del juez, para los aspectos administrativos que correspondan.

Además de apelar el auto de referencia e iniciar “de inmediato” una Carpeta de Investigación penal por delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos.

Ello luego de que, según la FGR, el juez no aceptó la responsabilidad penal en el caso de Ramón Sosamontes Herreramoro, al argumentar que los contratos que suscribió con RTH eran legítimos, al haberse llevado entre una dependencia de la Administración Pública Federal (Sedesol) con un Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal, como lo es RTH, por lo que el juez determinó que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin embargo, la fiscalía resaltó que la Representación Social de la Federación, quien de viva voz, en la audiencia, le señaló al juez que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí era aplicable.

Ya que Radio y Televisión de Hidalgo no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Respuesta sin motivación

También, se advirtió que el agente del Ministerio Público le comunicó al juez la preocupación de la fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones.

La FGR sostuvo que no hubo una respuesta fundada y motivada del juez, y sólo se limitó a manifestar, al término de la audiencia, “que ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”.