Piden dar seguimiento a denuncia penal contra el fiscal de Campeche

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados llamó a la ASF a que dé seguimiento a la denuncia penal presentada en contra de Renato Sales Heredia, actual fiscal general de Campeche, por la desaparición de un equipo de intervención de comunicaciones con un daño patrimonial de más de 807 millones de pesos cuando se desempeñaba como comisionado de Seguridad Nacional.

La diputada María Elena Pérez-jaén señaló que, en el marco de las revelaciones periodísticas de conversaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vía Whatsapp, con sus colaboradores, en las que se observa, entre otros ilícitos, que cuenta con un sistema de espionaje en esa entidad federativa.

Hace suponer que el equipo de intervención de comunicaciones de la empresa israelí Rafael Advance Defense Systems LTD, extraviado en el sexenio pasado de la que fuera la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, se habría llevado ilegalmente a Campeche, por el hoy fiscal General de esa entidad.

“Esta cadena de sucesos, nos lleva a sospechar que el equipo ‘extraviado’ se podría haber llevado ilegalmente a Campeche, por el hoy fiscal general de esa entidad y podría implicar algo todavía más grave y que es el hecho de que dicho software pudiera estarse utilizando para realizar campañas falsas de información ya que podría ser la misma plataforma del sistema de explotación de la información e inteligencia por la cual la ASF determinó que existen más de 807 millones pendientes por aclarar”, alertó la diputada María Elena Pérez-jaén.

Fiscalía en corrupción

La legisladora panista también dirigió el exhorto a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República para que dé a conocer a la opinión pública el avance sobre las responsabilidades denunciadas por la Auditoría, relacionadas con la denuncia penal contra Renato Sales.

Así también, Pérez-jaén presentó un exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General de la República para que realice una investigación exhaustiva, objetiva, diligente e imparcial que observe e informe a todas las víctimas de los presuntos actos de espionaje o vigilancia, así como la posible vinculación de entidades públicas en estos hechos.