Ley contra la ciencia mexicana

Desde los años setenta se ha construido en México una institucionalidad y comunidad científica sólidas (desde luego perfectibles), de manera concurrente y participativa, tendientes a la excelencia académica y basadas en la evaluación entre pares. Hoy, todo ello está en riesgo, por la iniciativa del presidente López al respecto de una nueva y destructiva iniciativa de “Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” que fue ingresada a la Cámara de Diputados apenas el pasado diciembre. Se trata del mismo ánimo vandálico con el que pretende destruir al Instituto Nacional Electoral. Aunque se dice Ley General, omite especificar la concurrencia entre gobierno federal, estados, municipios, comunidad científica, universidades, y sociedad civil. Desmantela la participación de la comunidad e instituciones científicas, universidades y sector privado en la junta de gobierno de la nueva entidad paraestatal (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, nombre que es contrario a la Constitución) y en la formulación de agendas, planes, programas y políticas. Es una ley excluyente, centralista y autoritaria; incluso estalinista. De hecho, limita estímulos y becas sólo a investigadores que sigan la agenda nacional, establecida por el gobierno. Finiquita la libertad de investigación.

Se excluyen temas fundamentales de investigación en relación a las energías limpias, hidrógeno verde, industria automotriz, aeronáutica, enfermedades zoonóticas y biotecnología. Se orienta a supercherías, fanatismo y prejuicios ideológicos. Se establece la prohibición absurda de cobro de colegiaturas a universidades públicas y privadas para poder acceder a becas de posgrado. Acaba con la evaluación entre pares para los científicos, y la sustituye con comisiones dictaminadoras burocráticas ajenas a los Centros Públicos de Investigación (CPI). Excluye de la agenda nacional a los organismos internacionales y al sector privado. Ignora los mecanismos de creación de patentes y de transferencia de tecnología, y el papel crucial que en ello juegan las empresas privadas. Algo gravísimo: expulsa a investigadores de universidades privadas del Programa Nacional de Innovación, y del Sistema Nacional de Investigadores (cosa que es inconstitucional), y finiquita la concurrencia científica y tecnológica con la iniciativa privada. La concurrencia científica con universidades y empresas privadas es algo vital para el desarrollo de ciencia aplicada y de tecnología de vanguardia. Terminarla es sólo el producto del fanatismo ideológico y del resentimiento social. Tendrá graves consecuencias.

La iniciativa atenta contra la libertad de cátedra y de investigación, y destruye la autonomía de los Centros Públicos de Investigación. Elimina criterios de excelencia científica y tecnológica, calidad y productividad, y evaluación objetiva cuantitativa en la política de ciencia y tecnología, y somete a científicos e investigadores a caprichos ideológicos. Anula principios de cooperación y convergencia internacional, para promover una supuesta independencia y autarquía científica y tecnológica (algo palmariamente estúpido en el mundo moderno). Omite el compromiso de destinar al menos 1% del PIB a la ciencia, y obliga a que las exenciones fiscales vayan sólo a proyectos avalados por la Agenda Nacional. Margina y salta a las universidades y Centros Públicos de Investigación en la entrega de becas y apoyos; pretende hacerlo el gobierno directamente a las personas, como los subsidios de los llamados “programas sociales”, con una motivación populista, de control, y de dependencia directa de estudiantes e investigadores hacia el presidente. Confisca proyectos y recursos propios de los Centros Públicos de Investigación, y desaparece definitivamente fideicomisos de ciencia y tecnología que permitían su financiamiento transparente y multianual. Conculca derechos de propiedad intelectual de investigadores y Centros Públicos de Investigación. En general, es violatoria de derechos humanos consagrados en tratados internacionales: Convención Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, en lo que respecta al derecho que toda persona tiene a los beneficios morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. También, en cuanto a que los Estados parte se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la libertad creadora, y a promover la cooperación internacional en cuestiones científicas y culturales. Y desde luego, con relación a que los investigadores deben recibir el financiamiento económico requerido para desarrollar sus investigaciones en las áreas que escojan con libertad, aunque no conformen a agendas gubernamentales. Por supuesto que esta perversa iniciativa no debe pasar, y debe ser detenida en la Cámara de Diputados. Es exigible, por lo pronto, un Parlamento Abierto, con la participación de investigadores, Centros Públicos de Investigación, universidades, y sector privado.